Ley 1116 de 2006
Evalúa si tu empresa puede reorganizar sus deudas y continuar operando bajo la Ley 1116.La reorganización empresarial es un proceso formal para empresas viables que necesitan ordenar sus deudas, negociar con sus acreedores y proteger la continuidad de su operación.
Analizamos la viabilidad de la empresa antes de recomendar una reorganización, una negociación privada o una liquidación.
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Dirección jurídica con formación legal, gerencial y financiera.
Conciliación y promoción de insolvencia
Experiencia continua desde 2017 en procesos de insolvencia.
Promotora inscrita en la Lista C
Referencia al registro profesional; no implica aval institucional.
Es un proceso colectivo regulado por la Ley 1116 de 2006 que busca preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante un acuerdo con sus acreedores. No significa el cierre automático de la empresa ni elimina por sí solo sus obligaciones: exige información financiera confiable, una operación sostenible y una propuesta de pago que pueda cumplirse.
La empresa presenta cesación de pagos o una incapacidad de pago inminente en los términos de la Ley 1116.
Verificar que el deudor esté sujeto al régimen y que no se encuentre dentro de las exclusiones legales.
Acceso al proceso
El régimen permanente comprende, entre otros sujetos no excluidos por la ley, a personas jurídicas privadas o mixtas y a personas naturales comerciantes que desarrollen negocios de manera habitual en Colombia. Según el supuesto legal, el inicio puede ser promovido por el deudor y, en determinados casos, por acreedores o por la autoridad competente.
No toda organización puede acudir a la Ley 1116. Antes de presentar la solicitud deben revisarse la naturaleza del deudor, las exclusiones del artículo 3, la legitimación de quien solicita y los requisitos particulares aplicables.
Competencia
La Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales en los procesos de los deudores sometidos a su competencia. En los casos asignados por la ley, conoce el juez civil del circuito del domicilio del deudor.
La autoridad exacta depende de la naturaleza jurídica, el régimen de supervisión y el domicilio de la empresa. Esa competencia debe confirmarse antes de radicar.
Alternativas para la empresa
Las tres rutas persiguen resultados distintos. La elección debe partir de la viabilidad del negocio, la composición de los pasivos y el nivel de acuerdo posible con los acreedores.
Proceso formal
Busca preservar una empresa viable mediante un acuerdo colectivo supervisado por la autoridad competente.
Acuerdo directo
Permite ajustar obligaciones con flexibilidad; sus efectos dependen de lo pactado y del mecanismo utilizado.
Cierre ordenado
Realiza los activos cuando la continuidad no es viable o se presenta otra causal legal.
Contenido actualizado el . Los requisitos y efectos deben verificarse frente a la versión vigente de la norma y las circunstancias de cada empresa.
Prepárate
Diagnosticamos la viabilidad del negocio y la causa de la crisis.
Confirmamos el supuesto de insolvencia, la legitimación y la autoridad competente.
Preparamos la solicitud y los soportes financieros, contables y jurídicos.
Tras la admisión, acompañamos la calificación de créditos, los derechos de voto y las objeciones.
Estructuramos y negociamos el acuerdo con las mayorías y condiciones aplicables.
Acompañamos la confirmación del acuerdo y hacemos seguimiento a su cumplimiento.
La duración depende de la calidad de la información, el número de acreedores, las objeciones y la complejidad de la negociación. La Ley 1116 fija términos para distintas actuaciones, pero no es responsable prometer una fecha de cierre sin revisar el caso y la carga de la autoridad competente.
Es un proceso colectivo regulado por la Ley 1116 de 2006 que busca preservar una empresa viable y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante un acuerdo con sus acreedores.
Puede promoverla el deudor sujeto al régimen y, en los casos previstos por la ley, también acreedores o la autoridad competente. Antes de radicar deben revisarse las exclusiones legales, la legitimación y la competencia.
Debe acreditarse cesación de pagos o incapacidad de pago inminente, verificarse los presupuestos de admisión y presentarse información financiera, contable y jurídica completa, además de un plan de negocios y una propuesta de pago sostenible.
La Superintendencia de Sociedades conoce los procesos sometidos a su competencia y el juez civil del circuito aquellos que le asigna la ley. La autoridad exacta depende de la naturaleza y el domicilio del deudor.
No. Su finalidad es conservar empresas viables. La liquidación judicial se evalúa cuando la continuidad no es sostenible o se configura una causal legal para esa ruta.
